La acusación particular defiende que las omisiones del empresario durante 6 años provocaron graves riesgos para la salud de los vecinos de la zona
MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) –
La Fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado este jueves cuatro años de prisión para Antonio Onieva, expresidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid. Como administrador de una gasolinera situada en el kilómetro 24 de la N-I, en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, está acusado de verter hidrocarburos durante al menos cuatro años al subsuelo y provocar la contaminación de los pozos que abastecían a varios vecinos y que acabaron en el río Jarama.
El Ministerio Público y los afectados, entre los que se encuentra un restaurante cercano a la estación de servicios, acusan a Onieva de un delito contra los recursos naturales y el Medio Ambiente y advierten de que, a pesar de haber tenido conocimiento de que su gasolinera contaminaba el agua de las fincas de los alrededores y la convertía en no apta para el consumo humano, no hizo nada para evitarlo.
Los hechos se remontan al año 93 cuando la gasolinera comenzó a verter aguas residuales con hidrocarburos directamente al colector sin tratamiento previo. Tanto la Fiscalía como las acusaciones defienden que, además, los tanques donde se almacenaba la gasolina sufrían pérdidas que se fueron filtrando al subsuelo durante años como demuestra la presencia de gasolina sin plomo en las aguas analizadas en varios de los pozos afectados.
El vertido contaminó el subsuelo y la capa freática de la tierra colindante y, por su volumen, ocasionó contaminación del acuífero que se encontraba bajo la gasolinera y del que se abastecían las industrias y vecinos de la zona. El acuífero contaminado por la invasión de los hidrocarburos también abastecía a diversos establecimientos de hostelería abiertos al público lo que provocó “un notable riesgo para la salud de los habitantes de la zona y los clientes de estos locales”.
Las afectaciones, tanto ambientales como sanitarias en sentido estricto, que sufren las aguas aún a día de hoy, pudieran ser irreparables y exigen “costosísimos esfuerzos económicos”. Tanto el fiscal como los afectados solicitan que se condene al empresario al pago de la responsabilidad civil por el importe que cuantifique la Comunidad de Madrid.
La Abogacía del Estado, que también acusa, destaca en su escrito la vital importancia del río y las “costosísimas obras” que provoca su saneamiento.
NO FUE UNA CASUALIDAD
Durante el juicio, que ha quedado este jueves visto para sentencia, los abogados han destacado que la contaminación del río no fue fruto de la casualidad. Onieva, consejero delegado solidario de la entidad Setor, se encargaba de la gestión efectiva de la empresa, y era el responsable de la entidad en cuestiones medioambientales y de seguridad.
Según han expuesto los abogados ante la Sala, el administrador de la estación de servicio propició, por las omisiones incurridas durante seis años, que la contaminación se incrementara y extendiera. No fue hasta el año 95 cuando, tras recibir reiterados avisos, decidió revestir interiormente algunos tanques. Lo hizo sólo con 8 de los 23 de los que dispone la gasolinera.
También instaló de forma parcial un sistema destinado a que las aguas del lavado fueran tratadas por un separador de hidrocarburos. Dos años después y sólo una vez que conoció la apertura de las diligencias previas que le han llevado a juicio, se decidió a revertir todos los tanques y a completar la instalación de seguridad.
