ZARAGOZA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) –
La Comisión de Economía, Industria y Empleo de las Cortes de Aragón ha emplazado este martes al Gobierno de España a realizar campañas para detectar el fraude cometido por intrusos en el ámbito laboral y profesional y al Ejecutivo aragonés a sensibilizar a empresarios y ciudadanos contra este fenómeno.
Esta petición es fruto de una proposición no de ley aprobada por unanimidad y defendida por el diputado del Partido Aragonés Jesús Guerrero.
En su iniciativa, Guerrero ha solicitado que la Inspección de Trabajo y de Hacienda, en coordinación con las Comunidades autónomas, realice campañas de detección de intrusos laborales y profesionales, diseñando protocolos específicos con criterios objetivos de carácter jurídico y mercantil, “que permitan identificar los supuestos más graves o numerosos”.
Además, la Comisión ha instado al Gobierno de Aragón a sensibilizar a empresas y consumidores, así como a ofrecer “todo el apoyo técnico, jurídico y económico posible” a las entidades representativas de pymes, autónomos y emprendedores para identificar los casos de intrusismo y ponerlos a disposición de los servicios de inspección de la Administración o de la Fiscalía si los casos tienen trascendencia penal.
En declaraciones a Europa Press, Jesús Guerrero ha indicado que la iniciativa pretende “recoger las peticiones que hacían tanto empresarios como emprendedores y autónomos” de diversos sectores, en especial hostelería, comercio y construcción, quienes han pedido que el Gobierno “abandere la lucha contra el intrusismo laboral y la competencia desleal”.
Ha hecho notar que el fraude en la contratación de servicios repercute en el Estado del Bienestar por el impago de impuestos y también en la seguridad de los trabajadores. La economía sumergida representa, aproximadamente, el 18 por ciento del PIB español y aragonés, aunque el 90 por ciento de las empresas están cumpliendo, ha apuntado el parlamentario del PAR.
Jesús Guerrero ha reclamado al Ejecutivo regional que potencie la Dirección General de Trabajo, que ha sufrido “recortes” en los Presupuestos de este año, para reforzar las inspecciones.
MÁS QUE EN OTROS PAÍSES
Por su parte, el diputado del PP Ricardo Oliván ha recalcado que en España este hecho “es superior al de otros países” y “repercute directamente sobre consumidores y trabajadores porque no tienen derechos”, y “nos debemos preguntar si es una cuestión cultural, de permisividad o ambas cosas a la vez”.
Desde el PSOE, Leticia Soria ha manifestado compartir el espíritu de esta iniciativa, pero ha asegurado que “ya se está trabajando en esta línea” con medidas que “están funcionando, aunque pueden intensificarse”. Román Sierra, de Podemos, ha matizado que “existen otras formas de intrusismo más allá de las que vemos reflejadas” en la iniciativa, como “las medias impositivas que favorecen a las grandes superficies o el aumento de los horarios de apertura”.
Según ha manifestado el diputado de Ciudadanos Javier Martínez, este tipo de prácticas “ya están llegando incluso al sector tecnológico” y producen que “los que pagan impuestos acaben pagando más de lo que deberían”. La diputada del Grupo Mixto Patricia Luquin (IU) ha expresado que este es “un problema de moralidad” que tiene el objetivo básico de “engañar a las Administraciones públicas”.