El juez ha abierto juicio oral y ha prohibido que el grupo empresarial reparta dividendos
SANTANDER, 12 Jul. (EUROPA PRESS) –
El titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander ha ordenado la apertura de juicio oral contra el presidente del Instituto de Calidad Turística (ICTE) y presidente de la Asociación Nacional de Balnearios, Miguel Mirones, para quien la Fiscalía pide dos años de prisión por apropiación indebida en la compraventa de un negocio familiar, o alternativamente 18 meses por administración desleal.
Como medida cautelar, el juez ha prohibido que el grupo empresarial de Mirones, Tres Mares S.A., reparta dividendos hasta que haya sentencia firme. Los hermanos, que ejercen la acusación, piden tres años y nueve meses de cárcel por delito societario e inhabilitación como administrador o miembro de consejos de administración de empresas de hostelería.
Tanto la Fiscalía como sus hermanos piden la nulidad de la compraventa realizada por Mirones en noviembre de 2014, en la que como administrador solidario de Balnearios y Hoteles de Cantabria (BALYHO S.L.) vendió un paquete de 1.277.514 acciones de la sociedad familiar Tres Mares S.A. a ESTRATAC S.L., de la que era socio mayoritario.
El auto de apertura de juicio oral declara como órgano competente para el enjuiciamiento de la causa a la Audiencia provincial, y ordena como medida cautelar la anotación de la querella en el Libro Registro de Acciones Nominativas de Tres Mares para evitar la posible venta de acciones. Además, el magistrado impone una fianza de 250.000 euros tanto a Miguel Mirones como a su hermano Santos, también imputado, para el que la Fiscalía pide la misma pena de dos años.
En el caso de que no pueda anularse la compraventa, los hermanos solicitan que ambos paguen a Balnearios y Hoteles de Cantabria S.L. un millón de euros “por la diferencia entre el valor real de intercambio de las acciones de las que BALYHO ha sido ilícitamente despojada y el precio impuesto por los acusados en el contrato”, así como el vencimiento inmediato de toda la deuda pendiente de liquidar.
Asimismo, piden que se les indemnice por “los perjuicios derivados de la pérdida absoluta de valor de las acciones de que son titulares como consecuencia de la pérdida de control de la sociedad, en la cantidad que se determine en la ejecución de sentencia y que orientativamente estiman en 6,25 euros por acción”.
