Alerta de que este precedente puede gravar otros productos y que se expanda a otras regiones
MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) –
La cadena agroalimentaria, representada por el sector productor, la distribución y el empresarial, se han unido para instar al Gobierno a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas, al considerarlo una “medida discriminatoria con mero afán recaudatorio”.
“Es de suma importancia trasladar a la sociedad y a la Administración la preocupación y malestar del sector por la reciente aprobación de este impuesto. Nos parece un impuesto inconstitucional porque vulnera la libre circulación de mercancías, de mercado, el principio de igualdad y de no discriminación”, ha explicado en rueda de prensa el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.
En concreto, el representante de la alimentación y bebidas españolas ha reiterado que esta tasa tiene “un impacto muy negativo para el sector, ya que se trata de una medida discriminatoria con mero afán recaudatorio”. “No creemos que la fiscalidad sea la estrategia adecuada para cambiar los hábitos de vida de una sociedad moderna y avanzada como la nuestra”, ha subrayado.
Los representantes de la cadena agroalimentaria (Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Promarca, Aecoc, Anged, Asedas, ACES, FEHR y Marcas de Restauración), han presentado un estudio sobre la constitucionalidad del impuesto, elaborado por Uría Menéndez y que han remitido al Gobierno, en el que se confirma que este impuesto no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece una serie de desincentivos a la deslocalización de empresas de distribución fuera de Cataluña o incluso fuera del territorio nacional.
Además, presenta similitudes con el IVA, por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición. El estudio también advierte de que este tributo afecta a la seguridad jurídica, conculca el principio de igualdad y no discriminación y es contrario al principio de capacidad.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha reiterado que el sector productor no está de acuerdo con esta medida que influirá de forma “negativa” en el sector remolachero español, que encara un año crucial con el fin de las cuotas. “¿Quién dice que mañana no se grave la leche, el yogurt o la carne? Quien ha parido este impuesto no conoce el sector agroalimentario, porque es una aberración y una barbaridad”, ha recalcado.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, ha incidido en que este impuesto es un problema del Estado, ya que trae un peligroso precedente que “distorsiona” el funcionamiento de la unidad de mercado en un sector estratégico en el desarrollo económico de España como es el sector de gran consumo, así como de las empresas que se encuentran sin seguridad jurídica.
NO DESCARTAN RECURRIR A EUROPA
A estas alegaciones se unen también las organizaciones de la hostelería y la restauración, que añaden que las implicaciones del nuevo impuesto tampoco se han trasladado “convenientemente a los consumidores a pesar de estar directa y claramente afectados”.
De esta forma, el Gobierno dispone de tres meses desde la publicación de la Ley, que tuvo lugar el 30 de marzo, por lo que el plazo está próximo a expirar y debe decidirse en Consejo de Ministros, aunque Mariano Rajoy podría convocar una comisión bilateral con Cataluña y el plazo pasaría a nueve meses. “La argumentación jurídica que hemos presentado es rotunda y contundente para que el Gobierno pueda abordarlo de forma rápida”, ha indicado García de Quevedo.
Las organizaciones confían en una rápida resolución del Gobierno, aunque no descartan tener que recurrir a Europa. “Esta es la primera fase, en la que esperamos tener éxito, si no, nos planteamos otras medidas legales dependiendo lo que ocurra. Si no ganamos este partido, ya pensaremos en el sieguiente”, ha reiterado.
Por otro lado, el sector se ha mostrado cauto por el momento ante la posibilidad de que el Gobierno “no” vaya a sacar el impuesto nacional a las bebidas azucaradas que había insinuado el pasado año, ya que consideran que no tiene intención a corto plazo de hacerlo.
