PALMA DE MALLORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) –
El tribunal encargado de juzgar a los 17 acusados del caso Nóos interrogará este martes, en calidad de testigo, a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, entre otros exaltos cargos valencianos, para ser interpelada por los denominados Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió de forma presuntamente irregular más de tres millones de euros públicos.
La senadora, actualmente en el punto de mira en la causa que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales por parte del PP municipal de Valencia -caso Imelsa-, deberá comparecer presencialmente en la sala donde se celebra el juicio del caso Nóos, en el Polígono Son Rossinyol de Palma, después de que el tribunal denegase su declaración por videoconferencia.
Esa misma están citados el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, la diputada del PP Belén Juste, el expresidente de la Federación de Hostelería de Valencia Juan Carlos Gelabert, el promotor turístico Vicente Blasco, la exconcejala de Cultura Mairén Beneyto, el exsecretario general de Feria de Valencia Enrique Calomarde, el expresidente de Feria Alberto Català, y el expresidente de la Confederación Empresarial Valenciana Rafael Ferrando, y la exdirectora de Valencia Eventos y Congresos Gabriela Sales.
Mientras tanto, el miércoles comparecerán el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, la exsubsecretaria de Presidencia Isabel Villalonga -quien estuvo en su día imputada en la causa-, el exsecretario general administrativo de la conselleria de Presidencia Alfonso Rivera, y la exconsellera de Cultura y Deporte Trinidad Miró.
Ya el jueves será interrogado el exconseller y exvicesecretario de Estudios y Programas del PP Esteban González Pons, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, el exjefe del Área Jurídica Ignacio Donderis, el exsecretario autonómico de Política Institucional José María Olano, la exsecretaria general administrativa de Presidencia Ana María Brusola, la interventora de la Generalitat Irene Chova, y la exresponsable del Área del Gabinete de Coordinación Interdepartamental Kenza María Soler.
Finalmente, el viernes es el día en que está citado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, junto a quien desfilarán ante el tribunal el decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte en Valencia Vicente Enrique Año, Narciso Michavila, hermano de la exjefa de gabinete de Camps y del ex ministro José María Michavila; el jurista Miguel Trias, el diputado de Esquerra Unida Jesús Ignacio Blanco, Alfonso López Tello, de Price Waterhouse Coopers, y el profesor de Esade Valentín Giró.
En el caso de Camps y Barberá, el juez José Castro apuntó a la existencia de indicios delictivos contra ambos por su supuesta participación en las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit, por cuyas tres ediciones el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos a pesar de que su coste real ascendió a unos 900.000.
Las acusaciones apuntan a la inadecuada elección de los cauces procedimentales a través de los cuales se contrataron los servicios de la Nóós, toda vez que se prescindieron los trámites obligados por la Ley.
CAMPS Y BARBERÁ ASENTÍAN VERBALMENTE “A CUANTO SE LES OFRECÍA”
En su relato, Castro aseveraba que “estas y otras irregularidades, sin merma de que algunas de ellas ya sean de por sí mismas delictivas, ponen de manifiesto que las contrataciones con el Instituto Nóos fueron estrictamente voluntaristas”, recriminando cómo, ante esto, Camps y Barberá asentían verbalmente “a cuanto se les ofrecía, sin estudios previos ni viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas”.
Mediante su exposición razonada, que el magistrado elevó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Castro proponía a la máxima instancia judicial valenciana que asumiera la competencia para instruir esta parte del caso Nóos, al apuntar a la “decisiva e imputable intervención” de ambas autoridades, quienes debido a su entonces condición de aforados -por ser diputados en las Cortes- debían ser investigados por el TSJCV, que rechazó asumirla.
La Fiscalía Anticorrupción apunta asimismo a que Nóos ya comenzó a trabajar en la organización del Valencia Summit “mucho antes” de que el convenio fuese suscrito, lo que evidencia, a su juicio, que la concertación de la Administración pública con la entidad entonces presidida por Iñaki Urdangarin “ya estaba verbal y anticipadamente decidida”.
Es más, el Ministerio Público sostiene que los firmantes del acuerdo -Nóos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau- rubricaron el documento “sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado, discusión o negociación, y que Nóos “ni tan siquiera se molestase en tratar de esbozar” el presupuesto del que sería beneficiario.
PAPEL DE GONZÁLEZ PONS EN LOS JUEGOS EUROPEOS
Por su parte, González Pons será interrogado en relación al convenio rubricado en diciembre de 2005 con el Instituto Nóos para la celebración de unos Juegos Europeos por los que Nóos cobró 382.203 euros -del total de seis millones que contemplaba el acuerdo- a pesar de que resultaron inexistentes.
En concreto, el convenio fue suscrito el 23 de diciembre de 2005 por Diego Torres, por Víctor Campos en representación de la Generalitat -de la que salieron los fondos-, y González Pons en nombre de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana. En su declaración como testigo ante el juez Castro, Pons negó que su firma fuera determinante para que Nóos cobrara de la administración valenciana por la organización del evento deportivo.
De hecho, el propio González Pons se definió ante el instructor como un “espectador” en relación al convenio y, como tal, “lo que vi es que Francisco Camps lo propuso a las Cortes Valencianas”.
Según explicó en su declaración, fue a finales de septiembre de 2005 cuando Camps realizó esta propuesta “dado que Europa es el único continente que no tiene unos Juegos Pancontinentales de carácter olímpico”. El testigo se desvinculó de las negociaciones previas que se llevaron a cabo de cara a la firma del convenio.
Sobre esto, Diego Torres, durante su declaración como acusado en el juicio, manifestó sin embargo que “una persona muy involucrada” en las negociaciones de los Juegos Europeos fue González Pons, desvinculando por el contrario a Camps. De hecho, al ser preguntado sobre quién de la Generalitat decidió adjudicar a Nóos la organización del proyecto, respondió: “No creo que fuese Camps, sino el entonces vicepresidente”, en alusión a Víctor Campos.
